La Cadena SER ha adelantado en la mañana de este viernes que la Fiscalía ha solicitado pena de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández (PP), y la anterior, Teresa Valdenebro (PSOE), así como a varios trabajadores municipales y un empresario por presuntas irregularidades ocurridas en la empresa municipal de limpieza SOLIARSA entre los años 2018 y 2020.
En el escrito del Ministerio Fiscal se detallan contrataciones sin respetar los procedimientos legales, pagos sin justificación y gastos en comidas y cestas de Navidad «sin vinculación con el objeto de la empresa», entre otros, que llevarían a indicios de delitos de fraude y malversación.
Para las dos regidoras se piden cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y el pago de 42.000 euros de indemnización, mientras que para los trabajadores y el empresario se solicitan seis años de cárcel y diez de inhabilitación.
SORPRESA EN EL AYUNTAMIENTO
Desde el Ayuntamiento de Ronda se ha emitido un comunicado subrayando la «sorpresa» que ha causado las acusaciones del fiscal, asegurando que ya «el propio juez ya determinó que ni Valdenebro ni Fernández tenían conocimiento de contratación irregular».
Además, en el texto se asegura que «más sorprendente aún resulta la acusación específica a Fernández de haber aplicado un IPC más alto que el establecido en las nóminas en el año 2018 y sobre 2017, el fiscal también reprocha a la empresa haber abonado unos pluses a ciertos trabajadores de forma ilegal. Ha habido un evidente error, puesto que Fernández no era alcaldesa en estos años, por lo tanto, no pudo haber cometido los delitos que se le imputan».
«También se acusa a Valdenebro y Fernández de haber pagado sin una norma que lo permita, la comida del patrón y la cesta de Navidad. Tampoco es cierta la acusación del fiscal, ya que ello viene recogido en el convenio colectivo, que se estaba aplicando y que pasó los controles de la Junta de Andalucía. Además, el Ayuntamiento se negó a pagar la cesta, los trabajadores lo denunciaron y el juzgado les dio la razón, obligando al Ayuntamiento a asumirlas con carácter retroactivo. También el Tribunal de Cuentas avaló este proceder», continúa el comunicado.
«Por último, en alusión a la contratación irregular de trabajadores de un plan de empleo, todos los informes técnicos avalan la corrección en estas contrataciones. También el Tribunal de Cuentas se manifestó en este sentido», finaliza.
